Se salvó la Paz Total del Gobierno Petro: la Corte Constitucional la dejó con vida, pero le puso límites

La Sala Plena de la Corte Constitucional ha tomado una decisión respecto a la ley de paz total (2272 de 2022), que permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. El alto tribunal ha considerado que la intención de paz del Gobierno está, en su mayoría, bajo los parámetros de la ley.

No obstante, la Corte ha señalado que el Gobierno no puede nombrar como voceros de paz a personas privadas de la libertad ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder.

En su fallo, la Corte también ha afirmado que la suspensión de las órdenes de captura debe ser consultada con las otras ramas del poder. Además, se ha pronunciado sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto.

La decisión destaca la importancia de la separación de poderes para evitar decisiones arbitrarias. La Corte ha subrayado que la distribución clara de funciones entre las ramas del poder público y el control recíproco entre ellas minimizan el riesgo de abuso o extralimitación de funciones.

La génesis de esta decisión se originó en una demanda presentada por los congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal.

Argumentaban que la iniciativa carecía del concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionaban la posibilidad de levantar órdenes de captura de personas procesadas para que actuaran como gestores de paz.

Estas demandas llevaron a una audiencia pública el 22 de agosto, en la cual se escucharon argumentos a favor y en contra de la ley. Uscátegui señaló que no hubo concepto del Consejo Superior de Política Criminal, y acusó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, de intentar falsificar un concepto del Consejo Superior de Política Criminal después de que el trámite de la ley había concluido en el Congreso y el presidente se disponía a firmar.

Durante la ‘paz total’ se ha desescalado el conflicto en Colombia

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que actúa como la fiscalía de la justicia transicional, entregó un informe en el que analiza las cifras de seguridad y la situación de derechos humanos del país durante la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.

Según ese informe, que fue dado a conocer por el portal La Silla Vacía, durante los primeros diez meses de 2023 “se ha producido un desescalamiento del conflicto armado” en comparación con el mismo periodo de 2022.

Para llegar a esa conclusión, la UIA utilizó información de 192 medios de comunicación, datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cifras de organizaciones sociales, y cifras de alertas tempranas de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

El informe indica que en 2023 hubo una reducción del 47% de los ataques armados a la Fuerza Pública y una reducción del 32% en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados.

En cuanto a los enfrentamientos entre grupos armados, hubo una ligera reducción del 2% frente a 2022. Los grupos que más se enfrentaron fueron el Clan del Golfo y el ELN, con un total de 33 veces, y la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (las dos disidencias de las Farc), con un total de 23 veces.

Además, el informe revela que el 77% de los frentes del Estado Mayor Central han cumplido con los ceses al fuego acordados con el Gobierno nacional.

No obstante, entre julio y octubre se registró un aumento exponencial en los ataques a la Fuerza Pública, producto de la Operación Trueno, por medio de la cual se recuperó el control del municipio de Argelia, Cauca. El 85% de las acciones ofensivas en contra del Ejército fueron atribuidas al Bloque Occidental que está en el Cañón del Micay.

También destaca el informe que durante el cese al fuego entre el ELN y el Gobierno solo se ha registrado un ataque armado de esa guerrilla en contra de la Fuerza Pública.

Además, los desplazamientos forzados se redujeron en un 46% durante 2016 y los confinamientos en las comunidades se redujeron en un 51%. Todo esto agrupa a un total de 90.000 víctimas menos de este tipo de hechos en 2023 en comparación con 2022.