Escándalo Judicial: Pinedo Cuello en el ojo del huracán por supuestas tácticas de manipulación de la ley y del sistema judicial

El candidato Carlos Pinedo Cuello se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras un reciente fallo del Consejo de Estado que ordenó la suspensión de un pago de pensión indebido y la devolución de más de 100 millones de pesos al sistema pensional del Congreso de la República.

Hoy se han revelado nuevos hechos que arrojan sombras sobre su campaña.

En Santa Marta, se han presentado varias acciones de tutela, presuntamente financiadas por seguidores de Pinedo Cuello, con el objetivo de revocar un fallo de tutela que protegía los derechos del candidato Jorge Agudelo. Entre ellas, destaca la presentada por Edilfonso Orozco, un expresidiario por homicidio, ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta tutela fue inadmitida y remitida al Tribunal Superior de Santa Marta debido a su falta de sustento jurídico y competencia.

Además, se ha denunciado en el Centro de Convenciones Estelar Santamar Hotel que se está planeando una «tutelatón» coordinada por abogados de Bogotá, supuestamente vinculados a Abelardo de la Espriella. Se alega que se ofrecieron sobornos a jueces y magistrados de Santa Marta para obtener una medida cautelar que ordene la apertura de todas las urnas, argumentando que la campaña de Pinedo Cuello carecía de suficientes testigos electorales y que existen E-14 adulterados, aunque solo se ha señalado un centenar de ellos adulterados, todos a favor de Pinedo Cuello.

Las denuncias señalan que se habría ofrecido una bolsa económica de aproximadamente 5 mil millones de pesos a la rama judicial, siendo el principal financiador Juan Carlos Dávila Abondano, representante del Centro Democrático en el Magdalena y directivo del grupo empresarial DAABON, quien también es uno de los patrocinadores de la campaña de Pinedo Cuello.

La urgencia de esta «tutelatón» parece estar relacionada con la pérdida de votos de Carlos Pinedo Cuello, que ha visto cómo se amplía la diferencia entre su votación y la de Jorge Agudelo, a medida que avanzan los escrutinios. Se especula que esta acción judicial podría ser un intento de introducir votos ilegales, en lo que se describe coloquialmente como un «chocorazo». La polémica en torno a estos acontecimientos continúa creciendo en Colombia.