Debate de reforma a la salud se reanudará luego de elecciones regionales

Aunque tanto oficialismo como oposición e independencia han coincidido en que la reforma a la salud deberá tener concepto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, hay quienes urgen por dicho aval para tener claro desde este momento cuánto le costarían al país los cambios en el sistema de salud.

La discusión empezó cuando la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde, ponente, advirtió la semana pasada durante el segundo debate en la plenaria de la Cámara que dejó media reforma aprobada, que “las proyecciones de gastos y financiamiento están consignadas desde el texto radicado para el primer debate. El proyecto incluye un estudio financiero completo que analiza los costos de la reforma y las fuentes de financiación. El proyecto es de iniciativa del Gobierno, pues naturalmente cuenta con el aval fiscal”.

La viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés, confirmó que aún la cartera económica no ha enviado concepto fiscal y aclaró que lo puede hacer en cualquier momento del debate parlamentario.

Al respecto, el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo le dijo que la reforma a la salud, al crear costos adicionales, necesita un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda.

“Ese proceso puede darse, sí es cierto, a lo largo de todo el debate tanto en la Cámara como en el Senado, no tiene que darse en este momento, no obstante lo puede dar casi que por prudencia, lo más sensato y razonable hubiese sido que se presentara desde el primer momento”, dijo.

Agregó el exfuncionario que públicamente se ha dicho por parte del Ministerio de Hacienda que esto podría tener un costo de entre $6 y $11 billones adicionales, ya que contempla por ejemplo gastos como los centros de atención primaria en salud, “y el primer cálculo que hizo Hacienda, entre otras, por parte de su entonces viceministro técnico hablaba de $11,3 billones adicionales, posteriormente el ministro de Hacienda de turno revisó esa primera cifra”.

Precisa además Restrepo que el Comité Autónomo de Regla Fiscal ha señalado que esto tiene un costo fiscal adicional, y ha dicho también que la reforma a la salud no está incorporada en su costo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “lo que significa que con más razón el Gobierno tiene que dar ese aval fiscal y seguramente revisar ese Marco Fiscal. Y legalmente una de las responsabilidades más importantes de Hacienda es darles aval fiscal a todos aquellos proyectos que generen costos adicionales, entre otras para contemplar fuentes alternativas para cubrir esos costos o sustitución de costos para poder contribuir a sufragar los gastos adicionales”.

A su vez, el también ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo comentó que la reforma a la salud, lo mismo que cualquier ley que genere compromisos de gasto público hacia el futuro, “inexorablemente debe tener un aval fiscal, o sea un cálculo del Ministerio de Hacienda sobre cuáles van a ser sus costos fiscales en el futuro, esto lo exigen diversas normas tributarias, fiscales y el sentido común de las cosas”.

Lo anterior, advirtió, porque el Estado no se puede embarcar en “unas reformas costosísimas fiscalmente sin tener la certeza de que van a caber dentro de su programación fiscal y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Y alerta el exministro que, de lo contrario, la reforma que saliera quedaría sujeta al riesgo de que la declare inexequible la Corte Constitucional, “como ya lo hecho en otros casos en que se han aprobado leyes que entrañan gasto y no se han cuantificado previamente”.

Entre tanto, la abogada Manuela Mahecha, del Centro Jurídico Internacional, llama la atención que al no estar claro su financiamiento se pone en riesgo la continuidad del trámite del proyecto  a futuro por la posible insuficiencia de recursos para la prestación del servicio de salud.

“No es un buen momento en Colombia para la reforma, ya que para ello se requiere tiempo y un presupuesto proporcional y coherente para aspectos que no se tienen contemplados a la fecha, esto porque se propone un régimen de transición de dos años, que será insuficiente para poder hacer estos cambios, y además no se cuenta con el concepto fiscal de Hacienda”, indicó la jurista.

Por su parte, las EPS del régimen subsidiado, agremiadas en Gestarsalud, advierten en un comunicado que la reforma no plantea nuevas fuentes de recursos para financiar el sistema de salud: “Lo que se observa en el articulado es una redistribución del gasto, lo que significaría que para fortalecer cierto aspecto de nuestro sistema se debe debilitar otro. Al no haber nuevos recursos, el planteamiento de fortalecer las zonas rurales indudablemente debilitará la atención en las zonas urbanas, mientras que la destinación de más recursos para la atención primaria irá en detrimento de la mediana y alta complejidad, en particular de los más de 8 millones de colombianos que padecen enfermedades crónicas y de alto costo”.

Entre tanto, la ex ministra de Salud Carolina Corcho pone el foco en los recursos, pero en otra vía, advirtiendo que los $81 billones que se les dan a las EPS al año, que estas en gran parte contratan con sus propias empresas de salud, y que tienen poco control del Estado a pesar de ser dineros públicos, deben ser vigilados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, cuya transición a pagador único no empezaría de cero.

“Al día de hoy el Adres es recaudador de $61,8 billones, lo que significa que hace 30,8 millones de transacciones al mes y procesa 1,7 millones de facturas para 2.800 IPS y proveedores, además de realizar 27 millones de procesos para el reconocimiento de la UPC para el régimen subsidiado. En el anexo 3 del estudio económico y proyección financiera del proyecto de ley, calculamos que con una inversión de $100 mil millones en tecnología e inteligencia artificial puede funcionar como un sistema de información y pagador que garantice transparencia y vigilancia de todas las transacciones del sistema”.

De igual modo, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, coordinador ponente de la reforma, pone de presente que los números “importantes” del sistema de salud colombiano tienen que ver con que “los $81 billones que se les dan a las EPS anualmente no los ponen las EPS, sino que salen del bolsillo de la ciudadanía, más del 96 % de los recursos de la financiación de la salud son recursos públicos, no privados”.

Así mismo, señala que el pago que el Estado hace por cada paciente a las EPS aumentó en 229 % en los últimos 10 años “y las EPS quieren que suba más para que les den más plata, no para atender mejor. Las EPS no son buenas administradoras: más de 100 han tenido que ser liquidadas por ineficientes”.

El director de la Adres, Félix Martínez, ha dicho de otro lado que los cálculos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Planeación muestran que los escenarios para los próximos años “se proyectan positivos en la financiación del sistema y no tendrían por qué abrir ningún tipo de hueco en las finanzas del Estado”.