Crece preocupación en Colombia por hechos violentos en época preelectoral

Durante las últimas semanas han sido varios los líderes políticos, sociales y organizaciones civiles, las que se han unido para solicitar al Gobierno Nacional que se ponga en marcha un plan que permita conservar el orden público en distintos territorios del país teniendo en cuenta la escalada de violencia que se ha tomado municipios y departamentos faltando 4 meses para que se lleven a cabo las elecciones territoriales.

La preocupación crece en el marco de lo que el Gobierno Nacional ha denominado como ‘Paz total’ proyecto que actualmente estudia la Corte Constitucional, y que permitiría al Ejecutivo adelantar diálogos con grupos al margen de la ley con el fin de frenar los ciclos de violencia y alcanzar un escenario de paz en todo el territorio nacional.

Precisamente, la Misión de Observación Electoral, MOE, en su más reciente informe, aseguró que el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país. Situación que, siguiendo las tendencias observadas en procesos electorales anteriores, podría agravarse a medida que se acerca el día de las votaciones, con la inscripción de candidaturas y la campaña política.

De acuerdo con la organización,  se ha registrado un aumento de 37.3% en la violencia respecto del 2019 con un total de 320 hechos violentos, siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca los territorios más afectados.

Los líderes políticos, principales participantes de las elecciones que tendrán lugar en octubre del presente año, concentran más de la mitad de la violencia registrada en el país al ser objeto de 53.9% de los hechos identificados. Número que también representa el registro más elevado desde 2006, que la Misión de Observación Electoral realiza su seguimiento a la violencia contra los liderazgos.

Con relación al accionar y la presencia de los grupos armados ilegales, la MOE da cuenta de  un total de 237 amedrentamientos y 531 acciones armadas lo que  representa un aumento de 119.4% y 128.9%, frente al 2019. Nuevamente, el 2023 se posiciona como el periodo electoral con el mayor número de acciones desde que la MOE inició el seguimiento en 2018. Hecho que pudiera tener implicaciones en la violencia política.

Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil también se han generado reacciones, tal y como quedó en evidencia hace algunos días, cuando a través de una una misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, el registrador, Alexander Vega Rocha, solicitó incluir dentro de los diálogos sobre cese el fuego con grupos armados al margen de la ley, la no interferencia en el proceso electoral que se encuentra en curso para las elecciones territoriales, que se realizarán el 29 de octubre de 2023.

“Es mi deber recomendar, como responsable de la dirección y organización de las elecciones, que en el marco de los acercamientos y conversaciones vigentes y futuras con cualquier tipo de organización ilegal, se incluya dentro de las reglas, compromisos y términos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de cese al fuego, negociaciones o sometimiento a la justicia, la obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley de no interferir en los comicios en curso”, sostuvo Vega Rocha.

El panorama que enfrenta el país, además motivó a que el Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, instara al Ministerio del Interior a trabajar en las garantías para 12 alcaldes de 7 municipios, que están ejerciendo sus labores por fuera de sus territorios por amenazas de grupos armados al margen de la ley, para que retornen a sus lugares de origen.

La Procuraduría General de la Nación, le pidió a la cartera política, un reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para abordar esta problemática; el plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral y efectiva frente a esta situación.

Sumado a ello, el órgano de control detalló que el pasado 10 de junio puso en conocimiento de MinInterior, el informe en materia de seguridad y convivencia ciudadana, en el cual se evidenció la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades del nivel nacional, para implementar un plan de acción integral de atención que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios públicos y las comunidades en riesgo.

El ente de control se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo donde alertó que los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander), quienes despachan desde otras jurisdicciones, “han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos”.

“Es indispensable que se tomen, de forma prioritaria, medidas concretas de protección y presencia institucional en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad no permiten que los funcionarios desempeñen sus labores con el fin de garantizar la gobernanza y gobernabilidad territorial”, puntualizó la Procuraduría.