Marta Lucía Ramírez responde por caso compra aviones: «No debe haber investigación en mi contra»

La exvicepresidenta y excanciller de la República Marta Lucía Ramírez le salió al paso a las informaciones que la involucran con la presunta aceptación de sobornos, en el proceso de venta de naves y aviones de guerra de dos empresas italianas al Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez.

Con un extenso comunicado, Ramírez se defendió de tales acusaciones, que involucran al exprimer ministro italiano Massimo D’Alema, investigado por la Fiscalía de Nápoles; en lo que sería un entramado de corrupción por el orden de los 80 millones de euros.

«En mi calidad de vicepresidente y canciller durante la administración anterior, no tiene ninguna competencia o responsabilidad frente a la adquisición de aviones ni equipos militares», indicó la exfuncionaria, quien añadió que no participó en reuniones o encuentros con empresas del sector de seguridad, pues estas gestiones estuvieron a cargo directamente del Ministerio de Defensa.

Ramírez enfatizó en que el entonces titular de la cartera, Diego Molano, desmintió que haya habido alguna negociación o contratos de compra de aviones de combate con compañías del país euorpeo.

Con respecto al interés de D’Alema de contactarla para presentar la posibilidad de vender aeronaves al gobierno colombiano, la exvicepresidenta y excanciller fue enfática en manifestar que el mismo nunca prosperó.

«Si hubo esa intención de parte del señor D’Alem, ese interés se frustró y jamás me reuní con él, ni lo conozco a él y sus aliados en el escándalo que por fortuna investiga la justicia italiana», precisó Ramírez.

Para la exfuncionaria es claro que no tiene que haber investigación formal en contra de ella, ni ningún requerimiento de los tribunales como, según ella, «han intentado desinformar».

En su concepto, «cualquier acusación de corrupción que tenga pruebas o indicios suficientes debe investigarse en cualquier tiempo», para lo cual la justicia debe proceder, «independientemente del cargo que ocupe la persona de quién aparezcan evidencia de vinculación a un delito».