“Con esta reforma se busca garantizar el derecho a la educación superior”
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Cobertura, infraestructura e inversión son algunas de las apuestas que tiene el Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional, el cual está adelantando encuentros con gobernantes y directivos de la academia con el fin de construir una hoja de ruta que permita satisfacer las necesidades de los diferentes territorios y garantizar una educación de calidad.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, dio a conocer detalles sobre cómo avanzan los procesos para la reforma a la educación, así como las proyecciones e inversiones contempladas para Barranquilla y Atlántico de cara al 2024.
Asistieron representantes de diferentes sectores: rectores de colegios, profesores, maestros, sindicatos, madres comunitarias, en algunos casos instituciones del mismo Estado como el ICBF y ESAP, rectores de universidades públicas, privadas, estudiantes y comunidad en general.
Los aportes tienen que ver sobre los intereses de cada uno de esos estamentos del sector educativo. Los estudiantes hablaron de gratuidad; las madres comunitarias hablaron de la formalización laboral; los rectores hablaron de la reforma a la ley de educación superior y los maestros hablaron de las reivindicaciones gremiales.
Hubo también reflexiones importantes sobre la importancia de este proyecto y aportes al tema de la primera infancia; la educación técnica y tecnológica; la ampliación de la cobertura en la educación superior, se aclararon temas que tenían que ver con reglamentaciones posteriores; el tema de las escuelas normales y el tema de la reforma pedagógica de la escuela.
Esto ha sido bien recibido y los temores o algunas interpretaciones que se habían hecho se han aclarado. Sin embargo, cuando se inicie, el debate sobre la reforma de la Ley 30, nos sentaremos con ellos para mirar de qué manera el sector privado va a participar y a concurrir en las estrategias prioritarias de este gobierno, sin lugar a duda sus aportes van a ser muy importantes.
La segunda es una ley ordinaria que va a proponer una manera de regular la educación superior y orientar desde el Estado esa política. Esta es una ley que va a reorganizar el sistema, la educación técnica, tecnológica, la universidad, toda la arquitectura institucional que se necesita en estos tiempos para hacer la educación superior más pertinente, internacionalizarla, hacerla incluyente, intercultural, integral y antirracista.
Asimismo, el tema de la financiación, que es una necesidad urgente en la educación superior para superar el rezago histórico que dejó la fórmula que financia la educación superior en la Ley 30, y temas de gobernabilidad, de democracia y, sobre todo, de pertinencia de la educación superior.
Esas otras educaciones que no están incluidas dentro del sistema educativo y se deben incluir para que el Estado pueda garantizar el derecho a otras poblaciones como la educación hospitalaria, los privados de la libertad, los adultos, los pueblos indígenas, las víctimas, los discapacitados, la educación propia de los pueblos afrodescendientes.
En la primera versión del proyecto de reforma integral a la Ley 30 se busca fortalecer el acceso a la educación superior, el financiamiento de las instituciones de educación superior (IES) estatales y el bienestar educativo con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación superior; no obstante, el diálogo continúa y, actualmente, se están sistematizando nuevos aportes y se avanza en la construcción de una segunda versión, que se espera publicar próximamente para su discusión y ajustes, previo a su radicación en el Congreso de la República.
Estos espacios permitieron reconocer y validar las apuestas en torno al reconocimiento de la educación inicial como principio de la garantía del derecho constitucional a la educación, así como hacer precisiones frente al texto del articulado.
Reconociendo los distintos actores y sectores que han participado en la educación inicial en la historia del país, la ley estatutaria propone para la ampliación de la cobertura la construcción de planes territoriales de armonización que incluya las ofertas institucionales y comunitarias presentes en los territorios.
Para la Universidad del Atlántico, se proyectan recursos por el orden de $226.109 millones para el funcionamiento, que incluye los recursos por concepto de artículo 86, artículo 87 y devolución de votaciones, a los que se sumarán las asignaciones para ampliación de cobertura, el fortalecimiento a la base presupuestal y los que resulten de los excedentes de cooperativas.
En cuanto a la Institución Universitaria de Barranquilla, se proyectan recursos por $8.134 millones que incluye funcionamiento y devolución de votaciones, a los que también se sumarán las asignaciones para ampliación de cobertura, el fortalecimiento a la base presupuestal y los que resulten de los excedentes de cooperativas.
La manera en la que las autoridades locales están proponiéndonos un crecimiento, nos va a permitir crecer en la región al ritmo de cada universidad.
¿Qué falta para que sea una realidad?
La ministra Vergara indicó que el trámite de registro calificado para los programas relacionados con el campo amplio de salud y bienestar implica la acción del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Salud y Protección Social.
Las principales etapas se pueden resumir en la verificación de la documentación, la visita de pares de verificación, la elaboración de un informe de los pares, la evaluación de las condiciones de calidad de los programas por parte de la sala de salud y bienestar de la Conaces (tanto para las condiciones de calidad de la Ley 1188 de 2008 como para la relación docencia/servicio que establece el Decreto 780 de 2016) y la expedición de una resolución del Ministerio de Educación que expresa el sentido de otorgar o de no otorgar un registro calificado que permite la oferta en educación superior.
Se tiene la participación del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la emisión de un concepto de pertinencia del programa que verifica que este se encuentre acorde con los perfiles del sistema de salud, como también a través de la participación de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, que se pronuncia frente a la relación docencia/servicio que es evaluada por la Conaces.
Adicionalmente, el proceso implica la verificación de las condiciones de calidad del modelo de evaluación de escenarios de práctica que establece el Acuerdo 273 de 2021 de la CITHS, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional envía pares académicos para habilitar los escenarios de práctica en los cuales se tienen las diferentes rotaciones para el aprendizaje y adquirir los conocimientos y competencias necesarias para la formación de calidad del talento humano en salud.
Implementación del PAE
Sobre la implementación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la ministra señaló que este debe imitar de manera simultánea al calendario académico. Además, dentro del proyecto de ley que se está trabajando está incluido extender el PAE, es decir, que los niños reciban los alimentos aunque no estén en jornadas de clases.
