Alertan sobre posible cartel de abogados que busca despojar financieramente a municipios a través de demandas

En una acción sin precedentes, la Red de Veedurías Ciudadanas, representada por su director, Pablo Bustos, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia tiene como objetivo solicitar una investigación exhaustiva sobre un supuesto cartel de abogados que podría estar utilizando artimañas legales para presentar demandas millonarias contra varios municipios en el país.

Según Bustos, estas demandas, en su mayoría multimillonarias, podrían ser parte de una estrategia destinada a paralizar las cuentas de los municipios afectados. «Hemos recibido innumerables denuncias reiterativas sobre la existencia de un grupo, casi que cartelizado de abogados, empeñado en esquilmar los recursos departamentales y municipales y de esta forma obligarlos y arrodillarlos para que paguen los montos por ellos exigidos, defraudando el erario público. Dejan en la iliquidez a estos municipios y en últimas terminan cobrando por servicios no prestados», denunció Bustos.

Uno de los casos más llamativos es el que se desarrolla en el municipio de Melgar, donde un abogado ha presentado una demanda por más de 4.800 millones de pesos, exigiendo el pago de honorarios supuestamente no devengados. Esto ha resultado en el congelamiento de las cuentas municipales, dejando a la administración en una situación delicada. Bustos comentó al respecto: «Este caso es emblemático porque el abogado William Jair Galarraga Guzmán ha cobrado por honorarios no prestados, es decir, obtiene unos honorarios multimillonarios y los embargos resultan desproporcionados, cuatro o cinco veces el valor aducido de la obligación y estas irregularidades fueron reconocidas por vía de tutela por el propio Consejo de Estado y todavía no han sido resueltas y el municipio está embargado».

Bustos añadió que la denuncia presentada ante la Fiscalía tiene como objetivo poner fin a esta situación alarmante y asegurar que las arcas municipales no sigan siendo desangradas por prácticas cuestionables de abogados que buscan cobrar honorarios sin haber prestado un servicio profesional legítimo.

La Red de Veedurías Ciudadanas espera que la Fiscalía tome medidas rápidas y efectivas en relación con este caso, que está teniendo un impacto devastador en la ejecución presupuestal de varios municipios en todo el país.